24 de Marzo 2026
La mayoría morenista en la Cámara de Diputados, y sus aliados del PT y Partido Verde, así como la bancada de Movimiento Ciudadano, aprobaron en lo general y en lo particular reformas a la Ley de Vivienda para sustituir el concepto de “vivienda digna y decorosa” por “vivienda adecuada”, así como para dar facultades al Infonavit y el Fovissste para adquirir suelo, construir viviendas y gestionar esquemas de arrendamiento social.
Frente a un rezago habitacional de más de ocho millones de hogares -según datos de Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024, del INEGI la petista Maribel Martínez Ruiz, quien presentó el dictamen ante el pleno de San Lázaro, destacó que la reforma armoniza en la ley, la reforma constitucional que modificó “vivienda digna y decorosa” por “vivienda adecuada”.
Además de incorporar el concepto de “vivienda adecuada”, la ley contempla siete características indispensables para que los hogares mexicanos puedan considerarse como adecuados. Se trata de características como: seguridad en la tenencia, disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural.
Todo esto, de acuerdo con estándares internacionales como la Observación General número cuatro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas y la Agenda 2030.
La reforma, agregó la diputada, también armoniza en la Ley los cambios en el artículo 123 constitucional, para establecer sistemas de vivienda con orientación social, con créditos accesibles y suficientes para la construcción, adquisición o mejora de vivienda.
“Se prevén nuevos mecanismos para hacer efectivo este derecho, como el acceso a crédito barato y suficiente, la autoproducción de vivienda y esquemas de arrendamiento que permitan eventualmente adquirir la propiedad”, dijo.
La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, también contempla que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), junto con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) puedan construir vivienda para las personas trabajadoras o para cualquier persona que busque resolver sus necesidades vivienda.
Con la reforma, dichas instituciones “podrán adquirir, rehabilitar y construir viviendas, realizar demoliciones y financiar la autoproducción de vivienda, así como adquirir o urbanizar terrenos destinados a formar unidades habitacionales, con los recursos de sus fondos, para enajenar o arrendar viviendas, generando las condiciones adecuadas que permita a las personas trabajadoras obtener un crédito barato y suficiente”.
“Asimismo, podrán transmitir bienes inmuebles y las unidades privativas con uso distinto a vivienda, de su propiedad, conforme a las disposiciones que al efecto se establezcan. Los conjuntos habitacionales que, en su caso, se construyan, rehabiliten o adquieran podrán incluir unidades privativas destinadas a servicios complementarios”, se lee en el documento.
La reforma contó con el apoyo irreductible de las bancadas de Morena, PT y Partido Verde, así como con el respaldo de Movimiento Ciudadano, pero desde los partidos de oposición, PRI y PAN, llovieron críticas a la iniciativa. El panista José Guillermo Anaya advirtió los riesgos de que el infonavit se convierta en una constructora, puntualizando que esto podría abrir la puerta a desvíos millonarios como en Segalmex.
“Esta reforma no sólo redefine la política de vivienda en México, también transforma profundamente el papel del Infonavit y del Fovissste. Y lo hace de una manera preocupante. Se les pretende convertir en desarrolladores inmobiliarios (...) y aquí es donde debemos detenernos. Porque esos fondos no son recursos públicos en el sentido tradicional. No son dinero del gobierno. Son el ahorro de millones de trabajadoras y trabajadores”, advirtió la panista Julia Licet Jiménez.
Por su parte, el priista Juan Antonio Meléndez advirtió que el PRI está en contra de la reforma porque “no garantiza el derecho a la vivienda, sino que abre la puerta a la discrecionalidad, a la opacidad y a un modelo que pone en riesgo el patrimonio de las y los trabajadores de México”.
Su compañera de partido Laura Ivonne Ruiz, puntualizó que cambiar las facultades del Infonavit es poner sobre la mesa el ahorro de millones de derechohabientes y que “en términos claros dinero que no le pertenece al gobierno, sino a quienes lo han generado gracias a su trabajo”.
Por ello, pidió reglas claras, mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, en el uso de los recursos que administran tanto del Infonavit como el Fovissste.
Pese a que se presentaron una decena de reservas para modificar la iniciativa, ninguna de estas se aprobó en el pleno de la Cámara.
Reforma dará protección jurídica a personas en sus hogares
Entre las siete características que se incluyen en la Ley de Vivienda para que un hogar se considere como una “vivienda adecuada”, está la seguridad jurídica en la tenencia para garantizar que “los ocupantes de la vivienda tengan protección legal contra desalojos forzosos, hostigamiento u otras amenazas, sea cual fuere el tipo de tenencia”.
Según la misma iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum no importa si una persona tiene la tenencia de su hogar como propiedad, alquiler público o privado, vivienda en cooperativa, si es por arrendamiento, si está en un asentamiento informal u ocupación de tierra, todas las personas deben tener “cierto grado de protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas”.
