Hace exactamente cinco años, El Salvador tomó una decisión que ningún otro país había intentado: convertir a Bitcoin en moneda de curso legal.
La Ley Bitcoin entró en vigor el 7 de septiembre de 2021 y colocó inmediatamente al pequeño país centroamericano en el centro de la conversación mundial sobre criptomonedas.
El plan buscaba ampliar la inclusión financiera, atraer inversión tecnológica y reducir los costos asociados con el envío de remesas desde el extranjero.
El gobierno impulsó además una billetera digital propia y entregó incentivos económicos para que la población comenzara a utilizarla.
Sin embargo, cinco años después, la utilización cotidiana de Bitcoin sigue siendo minoritaria entre consumidores y comercios.
Con el paso del tiempo, El Salvador modificó parte de su regulación y eliminó la obligación de que los establecimientos aceptaran la criptomoneda.
Esto permitió mantener el proyecto sin exigir que Bitcoin funcionara de manera práctica como sustituto del dólar estadounidense en todas las transacciones.
A pesar de su baja adopción cotidiana, el gobierno ha continuado acumulando Bitcoin como parte de sus reservas y mantiene una estrategia para atraer negocios relacionados con activos digitales.
El nuevo capítulo de esa política parece estar desplazándose hacia la tokenización de activos, con proyectos que buscan utilizar plataformas reguladas para financiar empresas, inmuebles y actividades agrícolas.
Cinco años después, el experimento salvadoreño deja una conclusión contrastante: consiguió enorme visibilidad internacional y convirtió al país en referente del ecosistema cripto, pero no logró que Bitcoin se transformara en una forma de pago habitual para la mayoría de sus habitantes.
