5 de Marzo 2026
A pesar de los avances legales y los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no se ha logrado despenalizar el aborto en ocho entidades del país, cuatro de las cuales están gobernadas por Morena -Morelos, Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala-, y el resto por partidos de oposición Durango (PRI), Guanajuato y Querétaro (PAN), y Nuevo León (MC).
Durante el conservatorio “Preguntas incómodas rumbo al 8M”, organizado por la organización Mujeres Vivas y Libres, las especialistas coincidieron en que la permanencia del aborto en el marco penal genera una contradicción legislativa que permite la criminalización de las mujeres y obstaculiza el trabajo de los servidores públicos del sector salud.
“Sabemos que el aborto es un hecho en México. Las mujeres y personas con capacidad de gestar abortan, lo han hecho siempre y lo seguirán haciendo. La pregunta no es si ocurre. La pregunta es si el Estado va a garantizar condiciones de dignidad, salud y justicia, o si va a seguir reproduciendo desigualdades y criminalización. Este no es un debate simbólico. Es un debate de derechos y salud pública”, señaló Aidé García Hernández, directora ejecutiva de Católicas por el Derecho a Decidir México.
Detalló que el problema reside en que el aborto sigue criminalizándose en México porque continúa tipificado como delito en el Código Penal, tanto a nivel federal como estatal y local.
En esta criminalización convergen las 63 mujeres que aún se encuentran en prisión esperando una sentencia por interrumpir su embarazo y las dos mil 169 denuncias por aborto que se han interpuesto de 2012 a 2025, abundó.
García Hernández explicó que a casi 19 años de la despenalización del aborto en la capital del país, es la CdMx donde se debe iniciar con la eliminación del término en el Código Penal, por lo que han sostenido reuniones con diputadas del Congreso local para impulsar una iniciativa de reforma.
“Creemos importante que vayamos a un segundo paso que tiene que ver con la eliminación del delito de aborto del Código Penal y la intención es iniciar en la Ciudad de México (...) Pensamos que esta tiene que ser la ciudad que dé la muestra de congruencia con la garantía de los de derechos de las mujeres, porque este es un gobierno feminista y nos parece muy importante que efectivamente hagamos ese llamado para todas las autoridades y todas las tomadoras de decisiones que han dicho estar comprometidas con este tema”, sostuvo.
El reto, explicó, es hacer una propuesta de reforma al Código Penal, tanto a nivel local como federal, “para eliminarlo como un delito (...) Y entonces colocarlo en una ley de salud para que se atienda como un derecho a la salud con todo lo que implica la salud integral de las mujeres, de las personas gestantes”.
Ante este escenario, propuso tres rutas de trabajo para avanzar en la agenda por el derecho a decidir en México: despenalizarlo en las ocho entidades que todavía lo consideran un delito, eliminar el tipo penal del aborto y fortalecer la capacidad narrativa para contrarrestar las narrativas de grupos antiderechos que buscan retrocesos legislativos.
En el conversatorio también participaron Angie Contreras y Lizeth Mejorada, voceras de Mujeres Vivas, Mujeres Libres, y Elida Caballero Cabrera, jefa de incidencia de Women’s Equality Center.
