23 de Febrero 2026
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal de 35 cargos contra tres ciudadanos mexicanos señalados de traficar trabajadores agrícolas con visas temporales H-2A para someterlos a condiciones de trabajo forzoso en granjas de Virginia, Carolina del Norte y Florida.
De acuerdo con el comunicado de prensa, los acusados son Martha Zeferino José, de 42 años; su pareja José Rodríguez Muñoz, ciudadano mexicano que residía ilegalmente en territorio estadounidense, y Jeremy Zeferino José, de 23 años.
De acuerdo con la acusación, Martha Zeferino José era propietaria y operadora de Las Princesas Corporation, empresa contratista de mano de obra agrícola con sede en Washington, Carolina del Norte, que reclutaba trabajadores mexicanos para laborar en Estados Unidos bajo el programa de visas agrícolas temporales H-2A.
“Tres personas han sido acusadas formalmente de explotar el programa de visas H-2A para atraer a trabajadores vulnerables de México a Estados Unidos con promesas de empleo legítimo, para luego confiscarles sus documentos de identidad y obligarlos a trabajar en condiciones inhumanas”, declaró el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva.
Presuntamente Martha Zeferino José presentó solicitudes fraudulentas ante el Departamento de Trabajo y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por siglas en inglés.), entre agosto de 2021 y julio de 2022, certificando falsamente que la empresa cumpliría con las condiciones laborales exigidas por la ley.
Como no cobrar cuotas de reclutamiento, no confiscar documentos y garantizar salarios, alimentación, alojamiento y transporte adecuados. Según la acusación, nunca tuvo la intención de cumplir con esos compromisos.
El documento señala que los reclutadores cobraron a los trabajadores tarifas elevadas para facilitar su traslado, generándoles deudas desde antes de su llegada. Una vez en Estados Unidos, presuntamente les confiscaron pasaportes, visas y documentos de identidad para impedir que abandonaran los centros de trabajo.
De acuerdo con la acusación, los imputados establecieron reglas estrictas para mantener a los trabajadores aislados y bajo su control, prohibiéndoles salir de las viviendas, desplazarse solos o entablar comunicación con personas ajenas al grupo.
Asimismo, presuntamente vigilaban sus actividades y generaban un ambiente de intimidación mediante amenazas constantes de denunciarlos ante autoridades migratorias, provocar su arresto y deportación, e incluso impedirles acceder a futuras oportunidades de empleo.
Cuando algunas visas H-2A vencieron, los acusados presuntamente ordenaron a los trabajadores permanecer en el país y los albergaron de manera irregular para continuar explotando su trabajo en beneficio económico propio.
Por su parte, el fiscal federal para el Distrito Este de Carolina del Norte afirmó que no se tolerará el uso indebido del sistema migratorio para perjudicar a víctimas de trata.
Martha Zeferino José también fue acusada de fraude de visas; Rodríguez Muñoz, de obstrucción; y ambos de conspiración para obstruir procedimientos ante agencias federales.
De ser encontrados culpables, podrían enfrentar penas máximas de hasta 20 años de prisión por cada cargo de trabajo forzoso y conspiración, además de otras sanciones que van de cinco a diez años por los delitos adicionales.
