27 de Marzo 2026
Silvano Aureoles se volvió a poner en la mira de la justicia a nivel federal: un juez emitió nuevas órdenes de aprehensión en contra del exgobernador de Michoacán así como contra varios de los funcionarios que colaboraran con él, en el área de Seguridad Pública, en la gestión 2015-2021.
Fuentes oficiales confirmaron que se trata de 16 órdenes, las cuales fueron concedidas por su presunta comisión de los delitos de tortura, abuso de autoridad, homicidio calificado y homicidio extrajudicial, hechos todos relacionados con la denominada “masacre de Arantepakua” en el año 2017.
Las fuentes consultadas no dieron mayores datos, pero cabe recordar que, cuando ocurrieron los abusos en la comunidad indígena, el secretario de Seguridad Pública (SSP) era Juan Bernardo Corona Martínez. Sin embargo, participaron en los hechos muchos elementos a su cargo.
Cabe referir que la Comisión Nacional de Derechos (CNDH) emitió, en 2020, una recomendación por violaciones graves. No obstante, en 2025, la entonces contralora estatal, hoy magistrada, Azucena Marín Correa dio a conocer que había presentado nuevas denuncias contra la gestión silvanista.
Caso sale a la luz a una semana de que se cumplan nueve años de la represión
El caso sale a la luz de nueva a cuenta a una semana del aniversario número nueve de lo ocurrido en la administración de Silvano Aureoles, pues fue el 5 de abril de 2017 cuando los comuneros de Arantepacua fueron víctimas de la represión dejando sin vida a Santiago Crisonto Luna; Luis Gustavo; Francisco Jiménez, estudiante del Colegio de Bachilleres de Michoacán y el enfermero Juan Carlos Crisostobo.
El domingo 5 de abril tras una manifestación por parte de los comuneros, en su camino de regreso, fueron atacadas y atacados con gases lacrimógenos y otros tipos de violencia por autoridades de la Policía Estatal y de Tránsito, bajo el argumento de que las y los habitantes de Arantepakua pretendían bloquear una carretera y habían secuestrado al chofer de la unidad. Situación que ha sido desmentida por representantes de la localidad.
Como una forma de mostrar su rechazo al hecho de ese fin de semana, la comunidad se organizó para bloquear la carretera que conduce de Pátzcuaro a Cherán. Esto derivó en la presencia de un gran número de policías municipales, se calcula más de 800, quienes comenzaron a agredir a las y los manifestantes.
Tras el ataque, resultaron sin vida cuatro personas de Arantepakua, diez detenidas y una cifra que aún no se calcula de heridas, derivado de las balas y golpes que recibieron por parte de los uniformados. Desde entonces, cada 5 de abril, Arantepankua ha tomado las calles para denunciar estos atropellos del gobierno silvanista.
Entre los funcionarios que también han denunciado como partícipes del ataque son al extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Juan Bernardo Corona Martínez, mismo que también está prófugo de la justicia; y el extitular de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), Adrián López Solís, que dejó el cargo en 2025, el cual ocupa actualmente Carlos Torres Piña.
Año con año los comuneros han decidido realizar manifestaciones para exigir justicia. El año pasado no hubo acciones en Michoacán, pero sí en Ciudad de México en la Secretaría de Gobernación y en la Fiscalía General de la República.
Van por Silvano Aureoles Conejo y detienen a tres de sus exfuncionarios
El 1 de marzo del 2025 se dio a conocer que las autoridades michoacanas y mexicanas buscaban al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, por el presunto desfalco millonario para la construcción de siete cuarteles. Ese mismo día tres de los exfuncionarios que se desempeñaban en la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) fueron detenidos.
Los aprehendidos en ese momento fueron Carlos N., exsecretario de Finanzas y Administración (SFA) de Michoacán; Mario N, exdelegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP); y Elizabeth N., tras un operativo realizado por la Fiscalía General de la República (FGR) por su supuesta participación en los delitos delitos de peculado, manejo ilícito de recursos y asociación delictuosa.
Dos días después, el 3 de marzo, el actual gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que Aureoles Conejo se encontraba prófugo de la justicia y que seguía siendo buscado por la FGR por el desfalco que asciende a los más de cinco mil millones de pesos desviados en la construcción de siete cuarteles de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
El 10 de marzo, Ramírez Bedolla compartió que los funcionarios detenidos involucraron a otros más de la administración silvanista durante una de las audiencias para acreditar su responsabilidad. Para el 24 del mismo mes, el gobernador indicó que Silvano Aureoles seguía prófugo y ya contaba con una ficha de búsqueda por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).
Nexos de Silvano Aureoles con el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga
El 27 de enero de este 2026, Ramírez Bedolla confirmó lo señalado por la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en el que se acusaba al empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora de televisión Inés Gómez Mont, de donar un rancho en Miami al titular de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración, Luis Héctor Rodríguez Pérez.
Asimismo, tanto el gobernador como la asociación civil afirmaron que Aureoles Conejo le había otorgado un contrato millonario al empresario para realizar actividades de espionaje disfrazadas de estrategias de seguridad. Como una forma de corrupción, este rancho de Miami se le transfirió Rodríguez Pérez.
Finalmente, el 16 de febrero Bedolla confirmó la solicitud de extradición por parte de la FGR al Gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de Argentina del extitular de la Secreraría de Seguridad Pública (SSP), Israel Patrón Reyes; y del exdirector del Comité de Adquisiciones del Gobierno Estatal, Guillermo Loaiza Gómez, involucrados en el caso.
