4 de Junio 2026
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Acalde, inauguró este miércoles el espacio informativo “Derecho de Réplica”, una plataforma que se transmitirá semanalmente desde Palacio Nacional con el objetivo de aclarar y contrastar información que el Gobierno federal considera falsa o descontextualizada y que circula en medios de comunicación y redes sociales.
Durante la presentación, Alcalde explicó que este ejercicio se realizará todos los miércoles a las 17:00 horas y servirá para exponer datos oficiales que, según dijo, contradicen narrativas difundidas públicamente sobre asuntos de interés nacional.
“En años recientes se han desplegado campañas masivas de desinformación e infodemia para difundir noticias falsas. Por eso la importancia de contar con este espacio, donde se expondrá cómo se articulan las redes de fake news y donde identificaremos información falsa de interés público”, señaló.
La funcionaria sostuvo que el proyecto se sustenta en el derecho de réplica previsto en el artículo 6° de la Constitución y en la Ley Reglamentaria del Derecho de Réplica, vigente desde 2015.
Al presentar el marco jurídico del nuevo espacio, Alcalde argumentó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha evolucionado la interpretación del derecho de réplica, pasando de una visión enfocada únicamente en la protección individual a una dimensión colectiva vinculada con el derecho de la sociedad a recibir información veraz y contrastada.
Indicó que, desde 2019, la Corte reconoció que las instituciones públicas también pueden ejercer este derecho para aclarar información falsa relacionada con asuntos de interés público.
“La función social del derecho de réplica es combatir la desinformación no mediante la censura, sino mediante el contraste de información y la presentación de datos verificables”, afirmó.
En la primera emisión participaron Alejandro Svarch, director general del IMSS-Bienestar, y Sergio Silva Castañeda, titular de la Unidad de Fomento y Crecimiento Económico de la Secretaría de Economía.
Como primer caso, el Gobierno respondió a declaraciones difundidas en medios de comunicación sobre una supuesta crisis económica en Sinaloa derivada de la inseguridad.
Alcalde mostró una entrevista radiofónica en la que representantes empresariales afirmaron que la economía sinaloense había caído 35 por ciento, que las inversiones estaban detenidas y que 38 mil personas habían perdido su empleo.
La consejera jurídica aseguró que esos señalamientos son incorrectos y presentó cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la Secretaría de Economía y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Según los datos oficiales expuestos, Sinaloa registró un crecimiento económico de 4.2 por ciento en el cuarto trimestre de 2025, ubicándose como la cuarta entidad con mayor crecimiento económico del país. Asimismo, reportó una inversión extranjera directa de 125.8 millones de dólares durante el primer trimestre de 2026, lo que representa un incremento de 624 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.
Respecto al empleo, sostuvo que los puestos de trabajo registrados ante el IMSS aumentaron en más de cinco mil entre julio de 2024 y abril de 2026.
También afirmó que los homicidios dolosos en la entidad muestran una reducción de 63 por ciento respecto a sus niveles máximos, con base en información del Gabinete de Seguridad y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El segundo tema abordado fue una publicación del diario Reforma que alertó sobre un presunto “caos financiero” en el IMSS-Bienestar.
La funcionaria aseguró que la información fue replicada por diversos medios y amplificada en redes sociales mediante lo que describió como un “ecosistema digital” dedicado a difundir narrativas negativas sobre el Gobierno federal.
De acuerdo con los datos presentados, la conversación generó más de 18 mil menciones en redes sociales, impulsadas por siete mil cuentas que alcanzaron a más de cuatro millones de usuarios.
Alcalde rechazó que existan irregularidades financieras en el organismo y aseguró que el auditor externo no emitió una opinión debido a que el plazo otorgado para la revisión fue insuficiente para concluir el análisis de una institución con presencia en 24 entidades federativas.
Asimismo, sostuvo que el auditor no detectó actos de corrupción, opacidad, malas prácticas contables ni incumplimientos normativos.
También negó que existan observaciones pendientes relacionadas con el programa S200 de unidades médicas móviles, al señalar que todas fueron solventadas ante la Auditoría Superior de la Federación.
Finalmente, explicó que el incremento de 27 mil millones de pesos en el gasto del IMSS-Bienestar no representa una irregularidad, sino que responde a la ampliación de servicios, incluida la inauguración de 18 hospitales, así como a mayores inversiones en infraestructura, equipamiento y contratación de personal.
La consejera jurídica adelantó que en futuras emisiones se continuará identificando y analizando información que el Gobierno considere falsa, engañosa o sacada de contexto, con la participación de titulares de dependencias federales y la posibilidad de que los medios de comunicación formulen preguntas al término de cada exposición.
