20 de Mayo 2026
Un tribunal de Florida, en Miami, falló a favor del Estado mexicano en el juicio civil para recuperar recursos ligados al esquema de corrupción relacionado con el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la sentencia ordena a integrantes de la familia Weinberg, y a empresas vinculadas, a pagar 578.5 millones de dólares por el daño patrimonial causado al Estado mexicano.
Durante el juicio se acreditó la participación de personas y empresas en la obtención irregular de contratos públicos, así como en operaciones para transferir y ocultar recursos. Como parte del proceso se presentaron pruebas financieras, testimonios y elementos obtenidos mediante cooperación jurídica internacional.
La resolución se suma a las sentencias emitidas en mayo de 2025 contra García Luna y su esposa, por más de dos mil 448 millones de dólares. Con ello, el monto total de las condenas relacionadas con este esquema supera los tres mil 67 millones de dólares.
Además, el fallo incluye un acuerdo para que los condenados entreguen activos localizados en distintas jurisdicciones, los cuales serán liquidados para cubrir parte de las cantidades fijadas por la autoridad judicial.
García Luna operó una red de lavado de dinero que se aplicó en activos en Florida
La UIF ha explicado que durante el tiempo en que Genaro García Luna ejerció su cargo como Secretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos.
En 2023, publicó un resumen de la red de García Luna. Detalló que, bajo su auspicio, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares y sigue el examen de otras operaciones.
Beneficios que fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro mediante la utilización de paraísos fiscales, y aplicados en la adquisición de bienes muebles e inmuebles y otros activos en territorio norteamericano, en el estado de Florida.
La UIF informó que dará seguimiento a la ejecución del acuerdo junto con las autoridades correspondientes.
