México tiene el objetivo de elevar la inversión fija durante los próximos años para ampliar su capacidad productiva y acelerar el crecimiento económico.
Para lograrlo, la infraestructura será una de las piezas centrales, particularmente en áreas relacionadas con transporte, logística, energía y desarrollo urbano.
La estrategia de reducir a 90 días determinados procesos de autorización busca precisamente eliminar algunos de los obstáculos administrativos que retrasan nuevos proyectos.
Sin embargo, acelerar permisos será solamente una parte del desafío. También será necesario contar con financiamiento, certidumbre jurídica y proyectos técnicamente viables.
La capacidad para movilizar inversión privada junto con recursos públicos determinará qué parte de la cartera de infraestructura logra convertirse en obras durante los próximos años.





