La expansión de los pagos digitales en México podría entrar en una nueva etapa con la discusión de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, una propuesta que busca impulsar el uso de transferencias y otros medios electrónicos en las operaciones comerciales.
La iniciativa, aprobada por la Cámara de Diputados y pendiente de discusión en el Senado, plantea oportunidades para modernizar las transacciones, pero también desafíos para empresas y establecimientos de menor tamaño.
Uno de los principales retos será facilitar que las pequeñas y medianas empresas incorporen soluciones digitales sin enfrentar costos que afecten su rentabilidad.
De acuerdo con especialistas del sector financiero, México ya cuenta con una infraestructura de pagos capaz de procesar un mayor volumen de operaciones, especialmente a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).
Durante 2025, el SPEI procesó más de 7 mil 300 millones de transferencias, según información del Banco de México.
Esta cifra refleja la importancia que han adquirido las operaciones electrónicas en las actividades financieras cotidianas.
Sin embargo, contar con infraestructura tecnológica no garantiza que todos los establecimientos puedan aprovecharla de manera inmediata.
Para una miscelánea, una tienda de barrio o un pequeño negocio, aceptar pagos electrónicos puede requerir capacitación, conectividad, dispositivos y herramientas de administración.
También será necesario ofrecer mecanismos de protección contra fraudes y garantizar que las soluciones sean comprensibles para usuarios con distintos niveles de experiencia digital.
La transición hacia una economía con mayor uso de pagos electrónicos dependerá tanto de la tecnología disponible como de su accesibilidad para comercios y consumidores.
El resultado de la discusión legislativa será relevante para definir el alcance y las obligaciones que podrían establecerse para los participantes del ecosistema de pagos.
