8 de Junio 2026
La participación de las Fuerzas Armadas en la economía, la administración pública y la prestación de servicios civiles dejó de ser una medida temporal para convertirse en un modelo estructural de gobierno en México, advierte la tercera edición del informe “El negocio de la militarización: opacidad, poder y dinero”.
Elaborado por la organización México Unido contra la Delincuencia (MUCD), el estudio concluye que el fortalecimiento económico y político de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Remar) responde a una lógica de acumulación y permanencia que trasciende los cambios de administración federal.
El gasto conjunto de Sedena y Semar, según el documento, creció durante las últimas dos décadas a un ritmo superior al del gasto federal en general.
El punto más alto se registró en 2024, cuando el presupuesto de la Sedena alcanzó 286 mil 309 millones de pesos constantes de 2025, más del doble de los recursos asignados el año anterior, impulsado principalmente por la construcción del Tren Maya y otros megaproyectos bajo control castrense.
Aunque la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum aplicó reducciones presupuestales para 2025 y 2026, los montos asignados continúan por encima de cualquier nivel observado antes de la expansión militar impulsada durante el sexenio anterior.
“La posición de las fuerzas armadas en la arquitectura del gasto federal revela el lugar que ocupan en las prioridades del Estado mexicano”, alerta la investigación.
Destaca que, en 2024, la Sedena se convirtió en la tercera dependencia federal con mayor presupuesto del país, por encima de áreas como Salud, Energía e Infraestructura. Incluso en 2026, cuando descendió al quinto lugar, la suma de los recursos destinados a Sedena y Semar superó ampliamente el presupuesto conjunto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Gobernación y Relaciones Exteriores.
Los investigadores también documentan que los sobreejercicios presupuestales se han convertido en una práctica recurrente. Las Fuerzas Armadas suelen ejercer recursos superiores a los autorizados originalmente por la Cámara de Diputados, lo que plantea dudas sobre la eficacia de los mecanismos de control parlamentario.
Otro foco de preocupación son los fideicomisos militares. El informe señala que instrumentos como el Fondo para el Fortalecimiento de la Participación de las Fuerzas Armadas en Proyectos Estratégicos y otros vehículos financieros continúan operando con bajos niveles de transparencia, pese a que el gobierno federal eliminó decenas de fideicomisos civiles bajo el argumento de combatir la corrupción.
En el terreno empresarial, el estudio identifica una transformación sin precedentes: en menos de cinco años, las Fuerzas Armadas pasaron de administrar proyectos específicos a operar aeropuertos, trenes, puertos, servicios turísticos, infraestructura logística y hasta empresas de aviación comercial.
Si bien algunas de estas operaciones muestran resultados positivos, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), cuyos ingresos propios continúan creciendo, otras presentan señales de fragilidad financiera. El informe destaca que Grupo Mundo Maya recaudó en 2024 apenas 19.2 por ciento de los ingresos previstos y requirió transferencias gubernamentales superiores a 2 mil millones de pesos para mantener sus operaciones.
La conclusión de los investigadores lanza banderas rojas. “México ha experimentado una transformación estructural en las relaciones entre el Estado, las instituciones militares y la sociedad civil, misma que tiene implicaciones profundas para la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho”, alerta.
“La concentración de funciones civiles, recursos económicos y poder político en las fuerzas armadas reduce los contrapesos institucionales y debilita la rendición de cuentas. Revertir esta tendencia exigirá reformas constitucionales y legales, fortalecimiento institucional y, sobre todo, la reconstrucción de un consenso político y social en torno a la necesidad de un Estado en el que el poder civil sea real”, añade.
Los autores también llaman la atención sobre los riesgos asociados a la gestión militar de infraestructura civil. Como ejemplo citan el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido en diciembre de 2025, que dejó 14 personas fallecidas y más de 100 lesionadas, un accidente que, señalan, plantea interrogantes sobre los mecanismos de supervisión, transparencia y rendición de cuentas aplicables a empresas controladas por instituciones castrenses.
El documento sostiene que la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena y la modificación del artículo 129 constitucional representan un “punto de no retorno” en las relaciones cívico-militares del país.
A juicio de los investigadores, la eliminación de los límites constitucionales que restringían la participación militar en asuntos civiles debilita los contrapesos institucionales y reduce las herramientas jurídicas para cuestionar la expansión castrense.
