La Comisión Nacional Antimonopolio impuso multas por 67 millones de pesos a nueve empresas proveedoras de tecnologías de la información y a algunos de sus directivos. La autoridad determinó que las compañías acordaron cómo participar en distintos procedimientos de contratación pública.
Según la resolución, los acuerdos se extendieron durante una década. En 14 procedimientos —cuatro licitaciones y diez invitaciones—, las empresas habrían coordinado qué firma presentaría una propuesta y qué precios ofrecería.
La investigación concluyó que algunas propuestas llegaron a situarse hasta 40 por ciento por encima del costo real de los servicios. Las compañías proveedoras atendían a distintas dependencias públicas, entre ellas el IMSS, Pemex y el ISSSTE.
La sanción pone atención en un problema que puede pasar inadvertido en las compras públicas: varios participantes pueden aparentar competir mientras coordinan sus ofertas. El caso también plantea el efecto de esas prácticas sobre el uso de recursos públicos y la posibilidad de que las instituciones obtengan mejores condiciones al contratar.
