25 de Marzo 2026
Organizaciones civiles, colectivos y personas directamente afectadas por la prisión preventiva oficiosa y el arraigo entregaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una solicitud para que el pleno realice una audiencia pública antes de resolver estas dos figuras jurídicas que han sido utilizadas, dijeron, para violar derechos humanos.
En medio de la revisión que la SCJN realiza sobre el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenaron a México por el uso de la prisión preventiva y del arriago, la petición fue respaldada por 600 firmas ciudadanas que buscan sostener un diálogo público sobre las consecuencias que han tenido ambos recursos.
La petición fue presentada este miércoles por personas que han vivido de forma directa los efectos de esa medida cautelar, entre ellas Daniel García Rodríguez, Israel Vallarta, Brenda Quevedo, José Antonio Zúñiga, Reyes Alpízar y familiares de personas procesadas bajo ese esquema.
Los activistas pidieron que la Corte abra un espacio de debate amplio, con participación de universidades, barras de abogados, especialistas y familiares de personas privadas de la libertad, antes de que el tribunal entre al fondo del asunto.
El trasfondo es una discusión que la propia SCJN retomó este año y que podría resolverse en los próximos dos meses, una vez que se desahoguen otros temas penales y se definan posibles impedimentos de ministras para participar en el caso.
La SCJN también ha reconocido que el tema es prioritario porque la Corte Interamericana ya condenó a México por la prisión preventiva oficiosa y porque la población penitenciaria sin sentencia alcanzó 106 mil 294 personas al cierre de 2025, de acuerdo con cifras oficiales.
Los impulsores de la solicitud sostienen que la prisión preventiva oficiosa ha terminado por convertirse en una herramienta de presión y no en una medida excepcional, y piden que la Corte escuche a quienes han pasado decenas de años en prisión sin sentencia.
Daniel García Rodríguez y otros promoventes también afirman que México sigue sin cumplir plenamente las sentencias internacionales que ordenan revisar esta figura y avanzar hacia un modelo de prisión preventiva que se justifique caso por caso.
La audiencia pública que solicitan busca debatir sobre si el Estado mexicano debe mantener una medida que encierra automáticamente a personas acusadas de ciertos delitos, o si debe sustituirla por un sistema que preserve la presunción de inocencia y exija argumentos individualizados para justificar cualquier prisión antes de sentencia.
