Delcy Rodríguez presentó este jueves un proyecto para reformar la ley de Hidrocarburos, mientras ajusta su relación con Estados Unidos tras el bombardeo que llevó a la caída de Nicolás Maduro.

15 de Enero 2026
La presidenta interina de Delcy Rodríguez presentó un proyecto de reforma a la Ley de Hidrocarburos, en un momento político y económico clave para el país, marcado por la reciente incursión militar de Estados Unidos que llevó a la caída del expresidente Nicolás Maduro, y abrió una nueva etapa de relaciones y ajustes en el sector energético venezolano.
Rodríguez elevó al parlamento el proyecto de reforma petrolera con el objetivo de flexibilizar y actualizar el marco legal que rige el sector de hidrocarburos, el principal motor económico de Venezuela. La propuesta busca incorporar elementos de la llamada Ley Antibloqueo —un instrumento legal aprobado en 2020 que permite esquemas más flexibles de inversión— para atraer capital extranjero y facilitar la participación de empresas internacionales.
La funcionaria aseguró que este cambio legal permitirá abrir oportunidades para trabajar en nuevos campos petroleros, incluso en zonas donde nunca ha habido inversión o infraestructura, fomentando así un mayor dinamismo productivo en la industria. Además, planteó que los ingresos derivados del petróleo bajo este nuevo esquema estarían destinados a mejorar servicios públicos, como el sistema de salud, así como a impulsar proyectos de infraestructura y desarrollo económico.
La reforma se presenta en un contexto en el que Venezuela registra una recuperación parcial de su producción petrolera (alrededor de 1.2 millones de barriles diarios, muy por debajo de los niveles históricos), y donde sectores económicos y políticos buscan reactivar un sector que había sido golpeado por años de crisis y sanciones.
Asimismo, la iniciativa ocurre mientras el gobierno interino ajusta su relación con Estados Unidos tras la incursión militar, y con una nueva orientación hacia la cooperación económica y energética con actores internacionales interesados en invertir miles de millones de dólares para recuperar infraestructura obsoleta y aumentar la producción, lo que podría cambiar el papel de Venezuela en el mercado global del crudo.
Aunque aún debe ser aprobada por la Asamblea Nacional, la reforma petrolera es vista por analistas como un paso significativo para modernizar el sector energético, atraer inversiones extranjeras y generar recursos que puedan contribuir a la recuperación económica del país, en medio de un entorno político complejo y en transformación.
Este movimiento también señala una apertura hacia actores petroleros internacionales, con especial atención en empresas de Estados Unidos y otras naciones interesadas en participar en la industria venezolana luego de años de restricciones y sanciones que limitaron la inversión y producción.





