23 de Abril 2026
La posibilidad de aplazar la elección judicial hasta 2028 cobró fuerza entre consejeros electorales, legisladores y especialistas, quienes advirtieron que la concurrencia de comicios en 2027 elevaría los costos y pondría en riesgo la operación del proceso.
Durante el foro “Fortalecimiento de las elecciones judiciales en México”, la consejera del Instituto Nacional Electoral, Rita Bell López Vences, alertó que realizar de manera simultánea la elección de juzgadores con los comicios federales y locales duplicaría la carga operativa del organismo.
Explicó que el principal gasto en elecciones corresponde a la contratación y capacitación de personal, rubros que tendrían que replicarse en caso de concurrencia, además de los costos asociados a la impresión, traslado y resguardo de boletas electorales.
“La proyección que podríamos estar pensando… estaríamos hablando ahí de 15 mil millones en este momento”, señaló.
En la misma línea, la senadora de Morena Susana Harp Iturribarría respaldó la conveniencia de separar los procesos electorales, al considerar que ello permitiría preservar la independencia judicial y dar mayor margen a la ciudadanía para conocer a los aspirantes.
“Separar ambos procesos protege la independencia judicial para evitar la politización de estas candidaturas”, afirmó.
Desde Movimiento Ciudadano, la senadora Alejandra Barrales Magdaleno coincidió en que el rediseño del modelo requiere tiempo, tras señalar que la reforma implicó la salida de más de mil 600 juzgadores federales y cinco mil locales, lo que modificó de forma significativa el sistema de impartición de justicia.
Indicó que existen ya elementos suficientes para hacer una evaluación del proceso y corregir fallas detectadas, entre ellas la falta de experiencia en algunos perfiles electos.
En tanto, Mariana Campos, directora de México Evalúa, advirtió que aplazar la elección permitiría fortalecer la certeza jurídica y mejorar la planeación institucional, en un contexto internacional adverso que exige evitar decisiones apresuradas.
En el foro también se planteó la necesidad de establecer mecanismos más rigurosos para la selección de aspirantes, como certificaciones técnicas y criterios homogéneos de evaluación, así como prevenir la injerencia de grupos de poder en la definición de candidaturas.
Aunque el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Javier Corral Jurado, mencionó que el calendario actual limita los tiempos para una reforma constitucional —debido al plazo de 90 días que establece la ley electoral—, el énfasis del debate se centró en los riesgos logísticos, financieros y de calidad institucional que implicaría mantener la elección judicial en 2027.
