11 de Marzo 2026
El Senado de la República aprobó por unanimidad, con 110 votos a favor, una reforma a diversas disposiciones de la Ley General de Educación, la Ley de Migración y la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención, detección y atención a víctimas de este delito.
El dictamen, derivado de una iniciativa presentada el 28 de noviembre de 2024 por el senador de Morena Ignacio Mier Velazco, busca dotar al Estado mexicano de instrumentos legales e institucionales más eficaces para combatir la trata de personas, considerada una de las actividades ilícitas más lucrativas a nivel global.
Al presentar el proyecto ante el pleno, la senadora Lilia Margarita Valdez Martínez señaló que la trata de personas exige una respuesta institucional más sólida.
“Lo peor que podemos hacer como legisladores y como seres humanos es taparnos los ojos para no querer ver y los oídos para no querer escuchar. Este dictamen pretende fortalecer el marco normativo para proteger a las víctimas y erradicar los delitos de trata”, afirmó.
La legisladora subrayó que este delito no reconoce fronteras ni límites territoriales y afecta a millones de personas mediante distintas formas de explotación, entre ellas la explotación sexual, el trabajo forzoso, la servidumbre doméstica, la mendicidad infantil o la extracción de órganos.
Educación y prevención
Entre las medidas centrales de la reforma se establece que la Secretaría de Educación Pública (SEP) promueva, a través de planes y programas de estudio, contenidos orientados a prevenir y detectar redes de captación de trata de personas en el entorno escolar.
Asimismo, se dispone la capacitación del personal del Instituto Nacional de Migración (INM) en materia de derechos humanos y perspectiva de género, con asesoría de la Secretaría de Mujeres, para que cuenten con herramientas que les permitan identificar posibles casos de trata y actuar con sensibilidad y eficacia.
El dictamen también refuerza la coordinación institucional mediante la actualización de la Comisión Intersecretarial para prevenir, combatir y sancionar los delitos de trata, además de fortalecer la vigilancia en terminales de autobuses, puertos, aeropuertos y cruces fronterizos.
La reforma prevé además mecanismos de protección para niñas, niños y adolescentes migrantes, incluyendo estancias solidarias que permitan garantizar su tutela y protección cuando viajen acompañados o separados de sus familias.
Además, se mandata a la Secretaría del Bienestar diseñar modelos de atención que atiendan las causas estructurales de este delito, así como fortalecer campañas de información, investigación y vigilancia en giros comerciales donde pueden operar redes de explotación, como agencias de modelaje o artísticas, bares, hoteles, salas de masaje o plataformas digitales.
Dimensión del problema
Durante el debate, legisladores de distintas bancadas coincidieron en la gravedad del fenómeno.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al cierre de 2024 se registraron 617 delitos relacionados con trata de personas en México. Las entidades con mayor incidencia fueron Estado de México, Quintana Roo, Ciudad de México, Puebla y Chihuahua.
La senadora de Movimiento Ciudadano Amalia García Medina advirtió que la trata de personas genera alrededor de 236 mil millones de dólares anuales, lo que la convierte en la tercera actividad ilícita más rentable del mundo, después del narcotráfico y el tráfico de armas.
Por su parte, la senadora del PAN Imelda Sanmiguel Sánchez señaló que 74.6 por ciento de las víctimas son mujeres y 34.4 por ciento son menores de edad, además de advertir que los estados fronterizos enfrentan una mayor vulnerabilidad debido al flujo migratorio hacia Estados Unidos.
La legisladora también expresó preocupación porque el dictamen establece que las nuevas disposiciones deberán aplicarse sin asignación presupuestal adicional, lo que —dijo— podría generar incertidumbre sobre la eficacia de las políticas públicas derivadas de la reforma.
En la discusión también participaron las senadoras Karen Castrejón Trujillo, del PVEM, y Geovanna Bañuelos de la Torre, del PT, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer la prevención y garantizar protección integral y acceso a la justicia para las víctimas.
El dictamen fue remitido a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual aprobación.
