17 de Marzo 2026
El Senado de la República recibió este martes por la tarde la iniciativa de reforma constitucional en materia político-electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, conocida como Plan B, con la que busca reducir privilegios en el aparato público y fortalecer mecanismos de democracia directa.
El proyecto fue turnado a la Mesa Directiva que encabeza la senadora Laura Itzel Castillo, y plantea modificaciones a diversos artículos de la Constitución, entre ellos el 35, 115, 116 y 134.
De acuerdo con la exposición de motivos, la propuesta se sustenta en dos ejes centrales: la austeridad en el gasto público y el fortalecimiento de la revocación de mandato como instrumento de control ciudadano sobre los gobernantes.
En materia presupuestal, la iniciativa contempla una reducción progresiva de hasta 15 por ciento en el presupuesto del Senado en los próximos cuatro años, tomando como base el ejercicio fiscal de 2026. Asimismo, plantea limitar las remuneraciones y prestaciones de funcionarios electorales para que no excedan lo establecido en el artículo 127 constitucional.
El proyecto también prohíbe la contratación de seguros privados, cajas de ahorro especiales o esquemas de retiro financiados con recursos públicos para altos funcionarios, incluidos consejeros electorales y magistrados.
En el ámbito municipal, se propone acotar la integración de los ayuntamientos a una sindicatura y un máximo de 15 regidurías, con el argumento de evitar estructuras sobredimensionadas y reducir costos administrativos.
¿Qué plantea el Plan B de Sheinbaum sobre la revocación de mandato?
Uno de los cambios más relevantes se concentra en la revocación de mandato. La iniciativa establece que este mecanismo podrá solicitarse una sola vez durante el segundo o tercer año de gobierno, y que la consulta se realice el primer domingo de junio del tercer o cuarto año del periodo presidencial.
Además, se abre la posibilidad de que la persona titular del Ejecutivo federal pueda participar en la promoción del proceso y llamar al voto a su favor, bajo las reglas que establezca la ley.
El documento también propone ampliar los plazos para solicitar la revocación de mandato y ajustar las reglas de difusión, estableciendo la suspensión de propaganda gubernamental en los 60 días previos a la consulta.
La iniciativa deberá ser analizada en comisiones antes de su eventual discusión en el pleno, en medio de un escenario político marcado por el rechazo previo a la reforma electoral constitucional impulsada por el Ejecutivo, que no alcanzó la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.
