La SCJN desechó la consulta de la Jufed sobre la reducción salarial al Poder Judicial al considerar que no existía un acto concreto, dejando firme el ajuste derivado de la reforma judicial y el Presupuesto 2025.
20 de Enero 2026
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló el recorte salarial aplicado en el Poder Judicial, una resolución que fija un criterio relevante en materia de austeridad, legalidad presupuestal y límites a las percepciones de los servidores públicos.
La determinación establece que los ajustes a las remuneraciones no vulneran derechos adquiridos, siempre que se realicen conforme al marco constitucional y a las disposiciones presupuestales vigentes, reforzando así el principio de que ningún servidor público puede percibir ingresos por encima de los topes establecidos en la ley.
¿Qué resolvió la Corte?
El Pleno analizó impugnaciones relacionadas con la reducción de salarios y concluyó que el ajuste es constitucional, al estar sustentado en criterios de racionalidad del gasto público y en la obligación de los poderes del Estado de adecuar sus presupuestos a las políticas generales de austeridad.
La Corte subrayó que las percepciones deben evaluarse en conjunto (sueldo base, compensaciones y prestaciones), y que los recortes aplicados no anulan la autonomía del Poder Judicial, siempre que no interfieran con el ejercicio independiente de la función jurisdiccional.
A quiénes impacta
El aval de la SCJN impacta a jueces, magistrados y personal del Poder Judicial, particularmente en los niveles donde las percepciones excedían los límites fijados por la normativa. La resolución aclara que la independencia judicial no se mide por el monto del salario, sino por las garantías institucionales que protegen la función.
Austeridad y equilibrio de poderes
Especialistas en derecho constitucional destacan que el fallo equilibra dos principios: por un lado, la austeridad y disciplina presupuestal; por el otro, la autonomía judicial. La Corte precisó que los ajustes salariales no pueden ser arbitrarios, pero sí proceden cuando se sustentan en leyes y presupuestos aprobados.
Debate público y reacciones
El tema de los salarios en el Poder Judicial ha generado un debate público persistente. Sectores a favor consideran que el fallo armoniza el gasto público y responde a exigencias de equidad; críticos advierten riesgos si los ajustes no se acompañan de reglas claras y previsibilidad.
Implicaciones a futuro
Con este criterio, la SCJN sienta un precedente para futuras discusiones presupuestales, al confirmar que los recortes son viables siempre que respeten la Constitución y no comprometan la operación ni la independencia del sistema judicial.
Analistas señalan que el reto ahora será implementar los ajustes con transparencia, comunicar criterios y asegurar que las condiciones laborales permitan atraer y retener talento dentro del Poder Judicial.
Certeza jurídica
La resolución aporta certeza a un tema que había generado litigios y controversias, al delimitar el alcance de los recortes y los parámetros que deben observarse. Con ello, la Corte busca estabilidad institucional y reglas claras para la administración pública.
En síntesis, el aval de la Suprema Corte al recorte salarial en el Poder Judicial reafirma la vigencia de la austeridad dentro del marco constitucional, sin menoscabar la función jurisdiccional, y establece una guía para armonizar finanzas públicas e independencia judicial en los próximos años.
