La incertidumbre relacionada con el nuevo entorno judicial comienza a reflejarse en las decisiones de algunas empresas que operan en México, de acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana.
Coparmex reportó que tres de cada 10 empresas consultadas decidieron reducir inversiones a un año de la puesta en marcha de la reforma judicial.
El organismo empresarial considera que la certeza jurídica es uno de los factores que las compañías evalúan antes de ampliar operaciones, contratar trabajadores o comprometer capital en nuevos proyectos.
Para una empresa, una inversión de largo plazo depende de elementos como expectativas de crecimiento, acceso al financiamiento, demanda y condiciones regulatorias, pero también de la capacidad para resolver controversias y hacer cumplir contratos.
Por ello, Coparmex ha señalado que el funcionamiento del nuevo sistema será observado tanto por empresas nacionales como por inversionistas extranjeros.
México atraviesa al mismo tiempo un periodo en el que busca aprovechar la relocalización de cadenas productivas y atraer proyectos asociados con manufactura y comercio con América del Norte.
En ese escenario, mantener condiciones que generen confianza será uno de los factores que determinarán cuánto capital logra convertir el país en proyectos productivos durante los próximos años.
