28 de Mayo 2026
Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera del Senado de la República aprobaron este jueves el dictamen de reforma constitucional impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum para aplazar la segunda etapa de la elección judicial, prevista originalmente para 2027.
La propuesta plantea que la elección de jueces y magistrados se realice hasta junio de 2028, con el objetivo de hacerla coincidir con el proceso de revocación de mandato presidencial. Además, modifica el mecanismo de selección de integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y contiene un añadido que se hizo en la Cámara de Diputados que abre la posibilidad para que magistrados electorales en funciones puedan reelegirse por un nuevo periodo de seis años.
El dictamen fue aprobado con 21 votos a favor y 9 en contra, luego de más de dos horas y media de discusión entre legisladores de Morena, PT y PVEM, así como de la oposición.
Al concluir la votación, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, citó a una nueva reunión a las 21:00 horas de este jueves para continuar con la discusión del dictamen de reforma constitucional, relacionado con nulidad de elecciones por injerencia o intervención extranjera en asuntos electorales.
La sesión se realizó sin la presencia del senador morenista Enrique Inzunza, señalado por autoridades de Estados Unidos de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Iniciativa reconoce los errores de la reforma judicial, señala Movimiento Ciudadano
Durante el debate, el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, afirmó que la iniciativa representa “un reconocimiento tácito” a los errores de la reforma judicial original impulsada por Morena.
“Lo que hoy se está planteando no es una reforma a la reforma judicial, es vilmente una reforma electoral”, acusó el legislador emecista, al señalar que el aplazamiento busca empatar la elección judicial con la revocación de mandato para favorecer políticamente al oficialismo.
Castañeda criticó además que el proceso legislativo se haya realizado “en fast track, sin análisis y con madruguetes”, particularmente por la reserva aprobada en la Cámara de Diputados que permitiría la permanencia de magistrados electorales por seis años más.
El senador sostuvo que la iniciativa no corrige las principales deficiencias de la reforma judicial, como la presunta intervención partidista, los llamados “acordeones” para inducir el voto y la falta de mecanismos imparciales de evaluación de candidatos.
Por su parte, la senadora del PRI, Carolina Viggiano, aseguró que la reforma representa el reconocimiento del “fracaso” del nuevo modelo de elección judicial.
“Aquí es mentira que elige el pueblo”, declaró la legisladora hidalguense, quien acusó que los candidatos fueron definidos por “un grupo de élite” y sostuvo que la elección estuvo marcada por el uso de “acordeones” y la infiltración del crimen organizado.
Viggiano también criticó el costo de la elección judicial, que estimó en alrededor de 15 mil millones de pesos, en un contexto de desaceleración económica y cuestionamientos internacionales sobre el Estado de derecho en México.
En el mismo sentido, el senador del PAN, Marko Cortés, afirmó que la reforma “agrava el problema” de politización del Poder Judicial y acusó a Morena de utilizar programas sociales y “acordeones” para controlar la integración de la Suprema Corte.
"Quieren aplazar el proceso del 27 al 28 para empatarlo con la revocación de mandato y controlar nuevamente con acordeones a todos los jueces."
El panista reiteró que Acción Nacional votará en contra del dictamen porque, dijo, no fortalece la autonomía judicial ni blinda al Poder Judicial frente al crimen organizado.
En defensa de la reforma, el senador de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, afirmó que la nueva integración del Poder Judicial responde al mandato popular expresado en las urnas.
“Más de 13 millones de mexicanos salieron a votar por esta conformación del Poder Judicial”, sostuvo el legislador veracruzano, quien aseguró que la nueva Suprema Corte es “más resolutiva” que la anterior y está enfocada en temas sociales y de derechos humanos.
Huerta defendió que la elección popular de jueces y magistrados fortalece la democracia y sostuvo que el antiguo sistema respondía a intereses “oligárquicos”.
"Siempre que confiemos en el pueblo va a ser un éxito."
