Conseguir empleo es solamente una parte del desafío laboral en México. El otro problema aparece cuando ese puesto no incluye seguridad social, vacaciones, aguinaldo, ahorro para el retiro o protección ante una enfermedad.
En Veracruz, alrededor de 2.3 millones de personas ocupadas se encuentran en condiciones laborales sin acceso pleno a seguridad social o prestaciones, de acuerdo con cifras difundidas recientemente sobre el mercado de trabajo estatal.
El dato permite dimensionar una realidad que se repite en diferentes entidades del país: una persona puede aparecer estadísticamente como ocupada y, aun así, permanecer en una situación de vulnerabilidad laboral.
La falta de seguridad social tiene consecuencias que van más allá del ingreso mensual.
Quienes trabajan fuera de esquemas formales pueden enfrentar mayores dificultades para acceder a atención médica institucional, incapacidades pagadas, créditos relacionados con el empleo o mecanismos de ahorro para una pensión.
La informalidad también puede trasladar gastos que normalmente serían compartidos entre trabajador, empresa y sistema de seguridad social directamente a las familias.
Una enfermedad, por ejemplo, puede significar no solamente pagar consultas y medicamentos, sino también perder los ingresos correspondientes a los días en que la persona no pudo trabajar.
El fenómeno cobra mayor relevancia en estados con economías donde conviven grandes industrias con comercio, servicios, actividades agrícolas y pequeños negocios familiares.
El desafío para Veracruz y otras entidades no consiste únicamente en generar nuevos puestos de trabajo.
También está en aumentar la proporción de empleos que permitan construir estabilidad a largo plazo.
Porque detrás de las cifras de ocupación existe otra pregunta cada vez más importante para medir el mercado laboral mexicano: ¿qué tan bueno es el empleo que se está generando?
