La política para contener los precios de los combustibles comienza a generar presión sobre pequeños empresarios gasolineros, que advierten sobre menores incentivos para invertir y posibles afectaciones en el empleo si las condiciones se mantienen durante los próximos meses.
El sector señala que mantener precios máximos de referencia ayuda a evitar incrementos abruptos para los consumidores, pero también reduce el margen disponible para absorber costos de operación, transporte, mantenimiento, personal y suministro.
Una de las señales que preocupa a los empresarios está en la apertura de nuevas estaciones. Al cierre de julio, México contaba con 14 mil 395 permisos para expendio de gasolina y diésel, pero durante los primeros siete meses del año solamente se otorgaron 123 nuevos permisos.
Algunos pequeños operadores ya han comenzado a reducir horarios en periodos de baja demanda, ajustar gastos e incluso recurrir a esquemas de arrendamiento para mantener abiertas sus estaciones y conservar empleos.
El problema puede adquirir mayor relevancia si el número de estaciones deja de crecer al mismo ritmo que las ciudades y la población. Menor inversión puede traducirse en menos puntos de abastecimiento y una mayor concentración del mercado en operadores con mayor capacidad financiera.
Además, los privados continúan teniendo un papel importante en la distribución de combustibles, por lo que cualquier freno a nuevas inversiones también puede afectar competencia, logística y cobertura.
La discusión coloca al Gobierno Federal frente a un equilibrio complicado: mantener precios accesibles para los consumidores sin generar condiciones que desincentiven la inversión necesaria para ampliar la infraestructura de distribución.
