17 de Febrero 2026
La salida de Javier Duarte de prisión programada para el 15 de abril de este 2026 luce cada vez más compleja. Ahora, un juez federal decidió vincularlo a proceso penal por su presunta participación en el desvío de cinco millones de pesos destinados a un programa social para personas vulnerables en la entidad.
En una audiencia de casi 11 horas, el juez Gustavo Aquiles Villaseñor consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó las pruebas suficientes para determinar que Duarte formó parte del entramado de desvío de recursos públicos procedentes de la federación a través de una triangulación de cuentas bancarias operada por presuntos colaboradores del expriista que laboraban en la Secretaría de Finanzas de Veracruz.
Con esto, Duarte tendrá que enfrentar un nuevo proceso penal además del que terminará de compurgar el 15 de abril. Además, al habérsele impuesto prisión preventiva justificada ante la posibilidad de fuga, se vislumbra difícil su excarcelación.
Tras escuchar la resolución del juez, Duarte se limitó a decir: “no me encuentro sorprendido. Ganó nuevamente la política sobre la justicia”.
En ese tenor, su defensa legal, encabezada por el abogado Pablo Campuzano, advirtió una serie de irregularidades en la sentencia del juzgador, señalando que faltó a lo legalmente establecido al no detallar modo, tiempo y lugar en la presunta participación de Duarte en el delito. Además, acusó que el juez cambió los hechos que le fueron imputados.
En la maratónica audiencia de este 17 de febrero, el juez acreditó que, a través de la publicación de una gaceta oficial en Veracruz el 19 de diciembre de 2011, Duarte avaló que al menos tres funcionarios de la Secretaría de Finanzas de Veracruz (Sefiplan) operaran el desvío de cinco de los 10 millones de pesos depositados por la Tesorería de la Federación a la Secretaría de Salud de Veracruz para el mejoramiento de dos hogares de personas en situación vulnerable.
Dicho mecanismo de distracción fiscal habría operado a través de una cuenta bancaria de BBVA en la que se depositaron cinco de los 10 millones y que jamás fueron utilizados para el fin que estaba establecido.
De acuerdo con el juez, que avaló las pruebas de la FGR, existen indicios de que Duarte —en funciones de gobernador en aquel momento— habría dado órdenes para este desvío, pues él contrató a los funcionarios implicados y, según una declaración de un testigo colaborador de la Fiscalía (Antonio Tareq Abdalá Saad), sostenía reuniones con estas personas y estaba enterado de los hechos.
Según pruebas basadas en dictámenes periciales y estados de cuenta, el modus operandi consistía en triangular recursos federales destinados para programas específicos a una cuenta bancaria concentradora, donde se iba ahorrando dinero etiquetado no utilizado para su fin establecido y, en cambio, se habría usado para pagar cuentas y salarios de funcionarios de la entidad.
Si bien el juez admitió que no existió una instrucción directa de Duarte en esta publicación de gaceta, se podía establecer una relación del gobernador con sus entonces subordinados. E incluso, el juez acreditó las pruebas de la FGR para admitir que el delito fue continuado desde 2012 hasta noviembre de 2014, cuando se cerró la cuenta bancaria de BBVA donde se concentraba el presunto dinero desviado.
En ese tenor, el togado desestimó los intentos de la defensa legal de Duarte por explicar que, en caso de que se hubiera cometido el delito de peculado, éste ya habría prescrito, pues se cometió desde 2012. No obstante, el juez consideró que finalizó hasta 2014, y sumado a las investigaciones de la FGR que culminaron en agosto de 2018, el delito prescribe hasta agosto de este 2026, por lo que es posible la imputación del mismo al exmandatario veracruzano.
Tras vincular a proceso al imputado, y a petición de su defensa legal, el juez dio seis meses para la investigación complementaria. Derivado de esto, y en caso de que su defensa no busque apelar la prisión preventiva justificada que se le impuso, Duarte permanecería preso, al menos, hasta finales de agosto de este año por este nuevo proceso penal que se le abrió.
Además, representaría su segundo intento de salir de prisión frustrado, pues en diciembre de 2025 una jueza de ejecución de sentencia le negó la preliberación en el caso penal que lleva compurgando desde 2017 por el delito de asociación delictuosa y lavado de dinero.
En audiencia pasada, Duarte acusó que este delito que ahora se le imputa tiene de trasfondo un interés político porque no salga de prisión.
Respecto a esta causa penal de peculado por el desvío de cinco millones, el fiscal especial en Combate a la Corrupción de la FGR, Julio Cobos, aseguró que en la misma carpeta de investigación hay tres funcionarios involucrados más, mismos que laboraban en la Sefiplan y fueron parte del entramado de desvío. Aunque éstos aún no son imputados formalmente.
