20 de Junio 2026
Oxfam alertó que el Estado mexicano dejó de cobrar 1.58 billones de pesos en impuestos en 2025, el monto equivalente a 4.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
El dinero que no ingresa a las arcas del gobierno federal es mayor que el presupuesto para todos los programas sociales, el cual se sitúa en un billón de pesos para 2026.
De acuerdo con Oxfam México, en su análisis “¿Incentivos para quién? Renuncias recaudatorias que subsidian a los más ricos”, el gobierno deja de cobrar dinero voluntariamente bajo la premisa de promover el desarrollo y el bienestar.
Sin embargo, explican, que el modelo fiscal actual opera como una herramienta política que otorga subsidios indirectos a la élite económica y, en consecuencia, profundiza la desigualdad económica en el país.
Emilio del Río, coordinador de inversión social para el futuro de Oxfam México, dijo a El Sol de México que las renuncias recaudatorias son tantas y tan amplias que no se podría comparar como con un solo programa social.
“Es dinero que está dejando de entrar, pero que representaría una área de oportunidad para poder fortalecer los derechos de la ciudadanía”, comentó.
El análisis de Oxfam México también asegura que el Estado carece de objetivos verificables, indicadores de desempeño, cláusulas de caducidad o datos abiertos que permitan evaluar el impacto social de estas renuncias.
Tampoco existe información para conocer con certeza a los beneficiarios ni los resultados alcanzados.
En este sentido, revelan que la opacidad de las renuncias recaudatorias son los estímulos otorgados a proyectos políticos prioritarios como los Polos de Desarrollo para el Bienestar.
Así como a la relocalización de empresas (nearshoring) o el Plan México, cuyos costos se registran en los documentos oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bajo las siglas “N.A.” (No Aplicable) o “N.D.” (No Disponible).
“Que gran parte de las renuncias recaudatorias operen en la opacidad y bajo el riesgo de regresividad es una decisión política, no una limitación técnica. El Estado puede y sabe cómo fiscalizar a detalle; ya lo hace con las personas trabajadoras y con instrumentos de menor peso económico”, declaró Diego Merla, coordinador de la estrategia de Justicia Fiscal en Oxfam México.
