29 de Junio 2026
México obtuvo 0.64 en el primer Índice de Inclusión LGBTIQ+ México 2026, una calificación que ubica al país en un nivel de inclusión medio-bajo y confirma que la seguridad y educación siguen siendo los principales pendientes para garantizar la igualdad de las personas de la diversidad sexual y de género.
El estudio elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), presentado este lunes, evalúa por primera vez el nivel de inclusión de las personas LGBTIQ+ en México mediante 51 indicadores agrupados en cinco dimensiones: participación política y cívica, salud, bienestar económico, educación y seguridad personal y violencia.
Durante la presentación del informe, Daniel Vargas, representante del PNUD en México, afirmó que la medición busca visibilizar una realidad que durante años ha permanecido fuera de las estadísticas oficiales.
“No podemos transformar aquello que no somos capaces de medir. Durante demasiado tiempo las experiencias de las personas LGBTIQ+ han permanecido invisibilizadas en las estadísticas, en los diagnósticos y, en consecuencia, en muchas políticas públicas. Cuando las personas no aparecen en los datos, también corren el riesgo de quedar fuera de las decisiones, de los presupuestos y de las soluciones”, señaló.
El índice utiliza una escala de 0 a 1, donde 1 corresponde al mayor nivel de inclusión y 0 a la calificación más baja. La dimensión de seguridad personal y violencia fue la peor evaluada del índice, con una puntuación de 0.43, debido a deficiencias legales, institucionales y de generación de información.
México carece de legislación que proteja a menores intersex de cirugías de “normalización”
Entre los principales hallazgos destaca que México carece de una legislación federal que proteja a niñas, niños y adolescentes intersex de cirugías de “normalización” realizadas sin su consentimiento; tampoco existen programas obligatorios de capacitación para jueces, policías y personal penitenciario en materia de derechos de la población LGBTIQ+.
Además, el estudio revela la ausencia de un sistema oficial que registre la violencia contra esta población. Actualmente, el seguimiento de asesinatos y agresiones recae principalmente en organizaciones de la sociedad civil, lo que el informe considera un vacío institucional.
De acuerdo con el documento, entre 2014 y 2025 se documentaron 739 asesinatos y desapariciones de personas LGBTIQ+. Tan solo durante 2024 se registraron 80 asesinatos, un incremento de 20 por ciento respecto a 2023, y las mujeres trans concentraron 69 por ciento de las víctimas.
Aunque México obtuvo la máxima calificación en la prohibición federal de los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG), vigente desde 2024, el informe advierte que esa legislación aún no protege explícitamente a las personas intersex frente a intervenciones médicas coercitivas basadas en sus características sexuales.
Por otro lado, la educación también fue una de las dimensiones peor evaluadas del índice, al obtener una calificación de 0.48, considerada como un nivel bajo de inclusión.
No hay ambientes escolares seguros para la comunidad LGBTIQ+
El informe resalta que existen vacíos en la implementación de políticas públicas, una cobertura legal incompleta y desigualdades en los logros educativos de la comunidad LGBTIQ+ frente al resto de la población.
Aunque existen leyes y protocolos para prevenir la discriminación y la violencia en las escuelas, el indicador sobre la aplicación efectiva de estas políticas obtuvo apenas 0.08, lo que evidencia que los marcos normativos no se traducen en ambientes escolares seguros para estudiantes de la diversidad sexual y de género.
Los programas educativos también presentan rezagos, ya que los contenidos sobre diversidad suelen centrarse en la orientación sexual, mientras que abordan de forma limitada la identidad de género, la expresión de género y las características sexuales.
A ello se suma la falta de estadísticas oficiales sobre el acoso escolar por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, lo que dificulta conocer la magnitud del problema y diseñar políticas públicas eficaces para prevenir la violencia en las aulas.
Mientras que los mejores resultados del índice corresponden a la participación política y cívica, con una puntuación de 0.84, considerada como un alto nivel de inclusión, seguida de salud 0.75 y bienestar económico 0.71.
El informe atribuye este resultado a los avances normativos que México ha registrado en el reconocimiento de los derechos y libertades de la población LGBTIQ+. Entre ellos destaca que el Código Penal Federal no criminaliza las relaciones sexuales consensuadas entre personas del mismo sexo ni sanciona la expresión de género.
Asimismo, el estudio señala que no existen leyes federales que restrinjan la libertad de expresión, asociación o participación política por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales.
Otro de los factores que impulsó la buena calificación fue la presencia de personas abiertamente LGBTIQ+ en espacios de representación pública. Tras las elecciones de 2024, el índice identificó integrantes de la diversidad sexual en el Congreso de la Unión, además de reconocer que las organizaciones civiles pueden constituirse y operar sin restricciones legales para defender los derechos de esta población.
El informe señala que existe una profunda brecha entre los avances legislativos y la realidad cotidiana de las personas LGBTIQ+. Si bien el país cuenta con un marco jurídico más sólido que hace una década, persisten obstáculos para acceder a servicios de salud sin discriminación, permanecer en la escuela, obtener empleos dignos y vivir libres de violencia.
“Sabemos que México ha registrado avances significativos en materia de reconocimiento de derechos. Sin embargo, el reconocimiento legal no siempre se traduce en igualdad de oportunidades ni en igualdad de condiciones para vivir una vida libre de violencia, discriminación y exclusión”, resaltó Vargas.
Para Leonardo Fernández Novelo, director del Observatorio Nacional Ciudadano y responsable de la consultoría que desarrolló el índice, los resultados evidencian que aprobar leyes no es suficiente.
"La ley debe ser el comienzo. La ley tiene que generar acciones, tiene que distribuir recursos. La publicación de una ley no basta."
El índice también revela una exclusión sistemática hacia las personas trans e intersex, quienes presentan las mayores brechas de inclusión con 0.39, mientras las lesbianas obtuvieron una calificación de 0.78, los hombres gay 0.75 y las personas bisexuales. 0.73.
