19 de Febrero 2026
La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el partido gobernante, aprobó el jueves una Ley de Amnistía que, según organizaciones de derechos humanos, es restringida y no ofrece alivio a cientos de presos políticos en el país, incluidos militares, mientras algunos familiares completaron su quinto día de huelga de hambre en reclamo de la liberación de sus seres queridos.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el poder en enero tras el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, ha cedido a las exigencias de la administración del mandatario estadounidense, Donald Trump, en temas como reformas legales, ventas de petróleo y ha excarcelado a cientos de personas, que grupos de derechos humanos clasifican como presos políticos.
El gobierno siempre ha negado que haya presos políticos y dice que los encarcelados han cometido delitos.
El parlamento, encabezado por Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada, quien fue la que originalmente propuso la ley; dio el jueves el segundo debate requerido por las normas venezolanas para la aprobación definitiva.
El jefe parlamentario agradeció el trabajo de los legisladores, pero agregó que “lo único que lamento es que hayan tenido que darse hechos tan lamentables y catastróficos para que todas y todos busquemos y promovamos la hermandad, la unión y la paz de la República. Pero también se aprende de los dolores”.
¿En qué consiste la ley amnistía venezolana?
La ley aprobada contempla la amnistía por la participación en protestas políticas y “acciones violentas” ocurridas durante un breve golpe de Estado en 2002, así como en manifestaciones o elecciones en ciertos meses de 2004, 2007, 2009, 2013, 2014, 2017, 2019, 2023, 2024 y 2025. Quedan excluidas las personas condenadas por “rebelión militar” por su participación en los sucesos de 2019.
El texto, de 16 artículos, no detalla los delitos exactos que podrían acogerse a la amnistía, aunque un borrador anterior sí establecía varios, como la instigación a actividades ilegales, la resistencia a las autoridades, la rebelión y la traición.
Tampoco devuelve los bienes de los detenidos, ni revoca las inhabilitaciones para ejercer cargos públicos por motivos políticos, ni cancela las sanciones contra medios de comunicación, como habría hecho al menos un borrador anterior.
Muchos miembros de la oposición y exfuncionarios disidentes residen en otros países para evadir órdenes de arresto que, según ellos, tienen motivaciones políticas.
Si bien la ley permite a las personas en el extranjero designar un abogado para presentar una solicitud de amnistía en su nombre, tendrían que comparecer personalmente en Venezuela para que se les conceda, y la ley solo cubrirá a personas que “hayan cesado en la ejecución de los hechos constitutivos de delito”, una especificación que podría excluir a muchos que han continuado su activismo desde otros países. La ley elimina las órdenes de arresto internacionales para quienes reciben amnistía.
