16 de Abril 2026
Autoridades federales suspendieron y clausuraron trabajos de urbanización que invadieron sin autorización más de 17 mil metros cuadrados de selva baja caducifolia en Santa María Huatulco, Oaxaca, afectando zonas protegidas y sin contar con los permisos de impacto ambiental que exige la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que las obras fueron suspendidas luego de denuncias ciudadanas sobre actividades irregulares en esta zona de la costa oaxaqueña, una de las regiones con mayor valor ambiental y turístico del país.
Durante inspecciones realizadas el 9 de abril, la dependencia constató la remoción de vegetación forestal y la alteración del terreno en distintos puntos.
En dos predios se identificaron trabajos para los proyectos “Lotificación del Fraccionamiento Vista Azul, La Cadena” y “Privada Matías Romero, La Jabalina”, donde se realizaban aperturas de brechas y obras de infraestructura urbana en una superficie total de 5 mil 34 metros cuadrados.
En un tercer sitio, autoridades del núcleo rural Bajos del Arenal llevaron a cabo la apertura de un camino de aproximadamente cuatro mil 300 metros de largo por tres metros de ancho, lo que equivale a una afectación de 12 mil 900 metros cuadrados.
Impacto en área protegida y faltas legales
La Profepa precisó que esta última intervención se ubica dentro del Parque Nacional Huatulco, un Área Natural Protegida de relevancia nacional, lo que agrava el impacto ambiental.
En ninguno de los casos, los responsables presentaron autorizaciones en materia de impacto ambiental emitidas por la Semarnat requisito obligatorio para realizar este tipo de obras.
Ante ello, la autoridad ambiental impuso la clausura total temporal de las actividades para frenar el daño y evitar mayores afectaciones al ecosistema.
La costa de Oaxaca, donde se ubica Huatulco, es una de las principales regiones turísticas del país por su riqueza natural, playas y biodiversidad.
La condición anterior ha incrementado la presión inmobiliaria en los últimos años, particularmente en zonas cercanas a áreas protegidas, lo que ha derivado en conflictos por el uso de suelo y denuncias por invasiones y afectaciones ambientales en la entidad.
