20 de Julio 2026
La antropóloga e investigadora Alicia Castellanos sostuvo que el Tren Maya ha significado un profundo proceso de militarización, devastación ambiental y afectación a los derechos de los pueblos originarios de la Península de Yucatán, al tiempo que cuestionó que el proyecto se haya presentado como una obra de desarrollo sin respetar plenamente los mecanismos de consulta establecidos para las comunidades indígenas.
Durante su participación en un foro académico, Castellanos retomó las conclusiones de una Misión Civil de Observación realizada en abril de 2025 en los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya, donde participaron especialistas, organizaciones mayas y no mayas, investigadores y defensores del territorio para documentar los impactos sociales, ambientales y culturales del megaproyecto.
La investigadora explicó que el recorrido permitió escuchar durante varios días los testimonios de habitantes de Quintana Roo, Campeche y Yucatán, quienes expresaron preocupación por la devastación de la selva, la pérdida de tierras, la militarización de sus comunidades, el incremento de la presencia del crimen organizado y las transformaciones en sus formas de vida.
Según Castellanos, las consultas realizadas a las comunidades indígenas no cumplieron de manera adecuada con los estándares establecidos por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, al no ser plenamente libres, previas, informadas, culturalmente apropiadas ni contar con una participación efectiva de las comunidades involucradas.
“La exclusión, la mentira y el ocultamiento han predominado”, afirmó, al considerar que las comunidades fueron tratadas como si no tuvieran capacidad para decidir sobre un proyecto que transformaría de manera permanente su territorio.
Militarización sin precedentes
Uno de los principales hallazgos de la misión, señaló Castellanos, fue la creciente ocupación territorial de las Fuerzas Armadas en la Península de Yucatán.
Recordó que el decreto que declaró al Tren Maya como obra de seguridad nacional y la entrega de su administración a la Secretaría de la Defensa Nacional modificaron profundamente la configuración territorial de la región.
De acuerdo con el informe presentado por la misión, hasta el año pasado había más de 6 mil 500 elementos militares desplegados en la zona, además de un amplio número de instalaciones castrenses distribuidas a lo largo de la ruta ferroviaria.
La antropóloga sostuvo que esa presencia militar ya no se limita a la vigilancia del tren, sino que alcanza zonas arqueológicas, aeropuertos, estaciones ferroviarias, hoteles, playas, carreteras y comunidades.
"A veces tiene uno la impresión de estar en una zona ocupada"
También señaló que la Sedena ha construido hoteles turísticos, unidades habitacionales para personal militar y mantiene presencia incluso en sitios arqueológicos tradicionalmente administrados por especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), situación que, dijo, ha generado preocupación entre investigadores por el futuro del patrimonio cultural.
Castellanos mencionó como ejemplo el hotel militar construido cerca de Calakmul, al que se accede atravesando kilómetros de selva desmontada y cuya operación, advirtió, podría representar riesgos ambientales por el consumo de agua, la generación de residuos y el impacto sobre un entorno arqueológico y ecológico de gran valor.
Asimismo, expresó preocupación por la construcción de una casa de descanso militar en Bacalar, pese a la oposición de habitantes y especialistas.
Comunidades viven con miedo
La investigadora aseguró que diversas comunidades reportaron cambios drásticos en su vida cotidiana desde la llegada del proyecto.
En localidades como Felipe Carrillo Puerto, explicó, los habitantes narraron una fuerte presencia de elementos de la Guardia Nacional en accesos y espacios públicos.
Según los testimonios recabados por la misión, algunas personas jóvenes tienen miedo incluso de salir de sus casas.
Castellanos afirmó que, de acuerdo con los relatos recibidos, comenzaron a registrarse desapariciones, aumentó el consumo de drogas y se modificó el ambiente comunitario.
También sostuvo que numerosos habitantes relacionan la llegada del Tren Maya con una mayor presencia del crimen organizado y con un deterioro en la seguridad.
“La calidad de vida ha cambiado radicalmente”, resumió.
Ecocidio irreversible
En materia ambiental, Castellanos calificó como irreversible el daño provocado por la construcción del Tren Maya y por los proyectos asociados.
La misión concluyó que la deforestación, la fragmentación de la selva y la alteración de los sistemas de cuevas y cenotes representan afectaciones de gran escala para uno de los ecosistemas más importantes del país.
La investigadora explicó que la perforación de alrededor de 15 mil pilotes para sostener distintos tramos del ferrocarril ocasionó daños al sistema de cavernas y ríos subterráneos, además de riesgos para el acuífero peninsular.
Añadió que la apertura de caminos, bancos de materiales, bodegas e infraestructura complementaria también ha modificado profundamente el paisaje.
“Los bancos de materiales configuran un paisaje lunar”, describió.
Castellanos recordó que la región alberga más de un centenar de especies de mamíferos, reptiles, aves y peces, además de decenas de especies de murciélagos fundamentales para el equilibrio ecológico, manglares, humedales y el sistema de ríos subterráneos más extenso del mundo.
Advirtió que todos esos ecosistemas continúan bajo presión debido a los proyectos turísticos, inmobiliarios y al nuevo tren de carga que se desarrolla como parte del mismo proyecto ferroviario.
A su juicio, esa nueva etapa incrementará los riesgos de hundimientos debido a las características kársticas del suelo peninsular.
Transformación del territorio maya
La antropóloga sostuvo que el impacto del Tren Maya va más allá del aspecto ambiental.
Afirmó que el proyecto acelera procesos de urbanización, especulación inmobiliaria y expansión turística que amenazan la continuidad territorial y cultural de las comunidades mayas.
En ese contexto, habló de un proceso de “etnocidio”, entendido como la pérdida gradual de formas de vida, identidad y organización comunitaria derivada de políticas públicas orientadas al desarrollo económico y la seguridad.
Durante la misión, explicó, numerosos habitantes insistieron en que el nombre “Tren Maya” resulta engañoso.
“El tren no es maya; fue bautizado maya”, relataron integrantes de las comunidades.
Castellanos explicó que, según esos testimonios, el término “maya” ha sido apropiado por instituciones públicas, empresarios y la industria turística para comercializar la identidad de los pueblos originarios.
Algunos habitantes incluso llaman al proyecto “Tren Malla”, porque las cercas metálicas impiden el paso de personas y fauna silvestre.
Otros lo denominan “Tren de la muerte”, por los accidentes laborales, la muerte de fauna, la tala masiva y los conflictos surgidos durante su construcción.
También es conocido entre algunos sectores como “Tren militar”, debido al papel central de la Secretaría de la Defensa Nacional en su construcción, administración y operación.
Patrimonio arqueológico en riesgo
Castellanos advirtió igualmente sobre los riesgos para el patrimonio arqueológico.
Retomó las observaciones del arqueólogo Fernando Cortés, integrante de la misión, quien alertó que diversos vestigios descubiertos durante las obras permanecen expuestos por falta de recursos para su investigación y conservación.
Según explicó, algunos monumentos podrían cubrirse nuevamente para evitar saqueos mientras existen condiciones para su estudio.
La investigadora sostuvo que el incremento esperado del turismo masivo podría aumentar el riesgo de deterioro y tráfico ilegal de piezas arqueológicas.
Incertidumbre sobre el futuro
Finalmente, Alicia Castellanos afirmó que las comunidades mantienen una profunda incertidumbre frente a la expansión de los proyectos asociados al Tren Maya, especialmente el tren de carga y los nuevos desarrollos turísticos e inmobiliarios.
Sostuvo que la misión documentó un fuerte vínculo de los habitantes con la selva, los cenotes y el territorio, entendido no sólo como espacio económico, sino como parte esencial de su identidad cultural.
“Fue muy conmovedor encontrar ese profundo amor a la tierra, al territorio, a la selva, a la fauna, a los cenotes y a su patrimonio cultural”, concluyó.
Para la investigadora, las voces recogidas durante la misión muestran que el megaproyecto continúa generando preocupación entre amplios sectores de la población, quienes demandan reparación de daños, protección ambiental y respeto pleno a los derechos colectivos de los pueblos originarios.
